Con 100 años de Cárcel frenan carrera delictiva de 3 sujetos
La Fiscalía General del Estado a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), detuvo a tres secuestradores y rescató con vida a dos víctimasCelaya, Gto.c30 junio 2022. La carrera delictiva de tres sujetos quedó finiquitada. En audiencia de juicio oral, *CRUZ IVÁN “N”, CARLOS “N” y ADRÍAN “N”*, fueron sentenciados a 100 años de prisión, al ser hallados culpables del delito de secuestro agravado, los secuestradores mantuvieron durante varios días privados de su libertad, a dos víctimas, en una casa de seguridad en Celaya.Este 30 de junio, en audiencia de explicación de sentencia, los imputados tuvieron conocimiento de la resolución judicial que pone fin a un proceso penal, en donde se reconoció el derecho o razón de una de las partes.El 08 de agosto de 2020, los familiares de una víctima de secuestro tuvieron la angustia, la incertidumbre y la zozobra de no saber en qué condiciones se encontraba su ser querido, quien fue privado de su libertad con lujo de violencia. La víctima fue llevada a distintos inmuebles hasta que la dejaron en una casa de seguridad ubicada en el conjunto residencial Los Fresnos. Con la víctima bajo amenaza, los hoy sentenciados iniciaron un proceso de negociación cuyo desenlace siempre terminaba con amenazas de matar a la víctima, si se negaba la familia a pagar una suma millonaria a cambio de respetar su vida.La sensación de vulnerabilidad frente al secuestro duró 28 días, mismos que la víctima estuvo en cautiverio. Durante días la víctima fue golpeada y torturada de manera psicológica para obligar a los familiares a reunir, de forma inmediata, la cantidad de dinero exigida.Antes de liberar a su víctima por el pago del rescate, los criminales CRUZ IVÁN “N”, CARLOS “N” y ADRÍAN “N”, realizaron otro secuestro, a esta víctima la abordaron cuando salía de su domicilio y, con golpes y empujones, la subieron por la fuerza a un vehículo, el pasado 29 de agosto de 2020.Los tres sujetos la condujeron al mismo inmueble en donde tenían secuestrado al masculino y, de la misma manera, el negociador empezó a conversar vía telefónica con los familiares, a quienes frecuentemente amenazaba con destazar a la víctima, si sus exigencias no eran cumplidas.InvestigaciónAl tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de la Fiscalía General del Estado, y agentes de investigación criminal procedieron a recolectar la mayor información posible de los testigos presenciales de los hechos delictivos, para contar con datos para la localización de las víctimas.Los Peritos trabajaron en la recolección de evidencias, indicios, huellas o vestigios del delito, utilizando los medios idóneos a efecto de evitar pérdidas en las huellas, vestigios o cualquier material que pueda servir para identificar la mecánica de los hechos o al responsable de la comisión del delito.Lo primero que el Ministerio Público especializado decretó fue tomar las providencias precautorias para la protección de la vida o integridad de los familiares de las víctimas. De esta manera, en un trabajo coordinado, los agentes de investigación lograron coincidencias y una posible ruta que siguieron los secuestradores, por lo que, en el uso de técnicas de investigación previstas en la ley y ordenamientos aplicables, fue posible ubicar un domicilio en la Avenida Real del Monte en el conjunto residencial Los Fresnos, en donde se tuvo información de la presencia de sujetos intervinientes en este asunto.Al planear la intervención para rescatar a las víctimas, los elementos de investigación irrumpieron en el inmueble y con comandos verbales para inducir a los probables responsables a no utilizar las armas de fuego que portaban, sometieron a los criminales y procedieron a su detención en flagrancia.El inmueble fue revisado y se logró el rescate de dos personas, que se encontraban sometidos y en condiciones complicadas de salud, por el trato a que fueron objeto.En el resolutivo logrado por la Fiscalía General del Estado se logró una pena privativa de libertad de 100 años para cada uno de los involucrados y el pago por la reparación del daño moral y material. Por otra parte, el juez resolvió que no habrá beneficios o sustitutivos de ley para los infractores, por lo que permanecerán en la cárcel durante los que resten de su existencia.
