Estado

Destruye Fiscalía de Guanajuato más de 1.3 millones de dosis de droga

La institución eliminó 10.9 toneladas de indicios durante noviembre; en lo que va de 2026, suman más de 4.7 toneladas de narcóticos destruidos mediante el programa Bodegas Vacías

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato destruyó más de 1.3 millones de dosis de droga, equivalentes a una tonelada y 245 kilogramos de narcóticos, como parte del programa Bodegas Vacías, estrategia orientada a impedir que sustancias ilícitas y objetos relacionados con actividades delictivas regresen a manos de la delincuencia.

Durante la jornada realizada en noviembre de 2026, la institución dio destino final a 132 mil 19 indicios, contenidos en 18 mil 197 embalajes, con un peso total de 10.9 toneladas. Entre los objetos destruidos también se encontraban herramientas, prendas de vestir, dispositivos electrónicos, chalecos antibalas, equipo táctico, machetes y ponchallantas.

Del total de narcóticos incinerados, mil 201 kilogramos correspondieron a marihuana, 42.3 kilogramos a metanfetamina y 1.17 kilogramos a cocaína. En cuanto a las dosis, más de un millón correspondieron a metanfetaminas.

El fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, destacó que estas acciones permiten visibilizar el trabajo del personal de la institución, además de liberar espacios de almacenamiento para destinarlos a otras actividades.

Con las jornadas efectuadas en abril, agosto y noviembre, Guanajuato acumula más de 4.7 toneladas de narcóticos destruidos durante 2026. Asimismo, se entregaron a la Secretaría de la Defensa Nacional 2 mil 101 armas de fuego, 873 cargadores y 7 mil 676 cartuchos útiles para su destino final conforme a la ley.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, señaló que cada narcótico destruido representa dosis que no llegarán a las colonias y comunidades del estado, ni estarán al alcance de niñas, niños y jóvenes.

El programa Bodegas Vacías busca garantizar que los bienes relacionados con investigaciones ministeriales no vuelvan a utilizarse para cometer delitos, mediante procedimientos que cumplen con criterios de transparencia, cadena de custodia y certeza jurídica.

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